Gracias al Gobierno de Javier Milei, ahora tenemos la libertad de intoxicarnos comiendo comida podrida y tomando medicamentos contaminados sin que el Estado haga nada por evitarlo
El “Presiduende” Javier Milei perdió por completo la cabeza y en un nuevo paso dentro de su política de desregulación estatal, oficializó una medida que habilita la importación de alimentos para consumo personal sin necesidad de trámites ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
En otras palabras, “Jamoncito” quitó los controles que se aseguraban que los productos alimenticios que se compran en el exterior estuvieran en buen estado y no representaran un riesgo para el consumidor. Ahora, gracias al “León”, somos libres de intoxicarnos comiendo bacalao de Noruega podrido sin que el Estado interfiera con sus pérfidos controles sanitarios.
La Disposición 3280/2025, firmada por la titular del organismo, Nélida Bisio, y publicada en el Boletín Oficial, permite lisa y llanamente a cualquier persona adquirir productos alimenticios en el exterior y recibirlos en su domicilio, sin control sanitario previo.
Este cambio normativo aplica a compras individuales que no superen los 3.000 dólares por envío, con un máximo de cinco envíos por año y hasta tres unidades por especie, siempre que el peso total no supere los 50 kilos. El procedimiento se realizará a través del sistema courier, el mismo que se utiliza para ropa o productos electrónicos.
Un retroceso en los controles sanitarios
La medida representa una flexibilización sin precedentes en el ámbito de la seguridad alimentaria. Hasta ahora, la ANMAT exigía autorizaciones específicas para permitir el ingreso de alimentos, especialmente aquellos destinados a usos médicos compasivos, como preparados nutricionales para personas con enfermedades crónicas o metabólicas. Con la nueva disposición, esos controles desaparecen.
Aunque desde el organismo se aclara que la venta o uso comercial de estos productos sigue estando prohibida, y que deben cumplir con el Código Alimentario Argentino, en la práctica no habrá verificación previa que garantice el cumplimiento de estas condiciones. Es decir, el Estado se retira de su rol fiscalizador en un área crítica para la salud pública.
Riesgos invisibles: de lo individual a lo colectivo
La decisión, enmarcada en una lógica de “libertad individual” y reducción del aparato estatal, minimiza peligros reales: alimentos mal conservados, contaminados, adulterados o vencidos podrían ingresar sin ser detectados. Y si bien el foco está puesto en compras personales, los efectos sanitarios de una intoxicación alimentaria no se restringen al comprador. Desde brotes infecciosos hasta la distribución informal de productos no autorizados, los riesgos son múltiples.
Además, se habilita de facto una vía para que productos que no cumplen con estándares locales circulen en el país, sin supervisión, y eventualmente lleguen a consumidores vulnerables. En particular, preocupa el impacto en pacientes con enfermedades crónicas que dependen de alimentos especiales: sin regulación, podrían acceder a productos no aprobados por autoridades sanitarias, exponiéndose a ingredientes no aptos o formulaciones no testeadas.
Libertad sin garantías
El argumento oficial esgrimido por el gobierno es la necesidad de “optimizar recursos, agilizar procesos y brindar mayor libertad a los usuarios”. Sin embargo, la eliminación del control sanitario no representa un avance en la eficiencia estatal, sino una omisión deliberada de responsabilidad. La desregulación no puede ir en detrimento del derecho básico a la salud y a la alimentación segura.
El caso plantea una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto el Estado debe retirarse de sus funciones esenciales en nombre de la libertad económica? En este caso, la libertad de importar alimentos sin controles podría tener un alto costo para la salud pública. Sin un marco de control adecuado, la puerta queda abierta a un mercado paralelo, opaco y potencialmente peligroso.
El caso del fentanilo contaminado, un antecedente de riesgo
La medida tomada por el gobierno de Javier Milei representa una señal de alerta. La salud alimentaria no puede depender únicamente de la responsabilidad individual ni de la buena fe del consumidor. En un contexto donde la seguridad de los productos importados ya genera desafíos en otros rubros, flexibilizar los controles sanitarios en alimentos es una apuesta riesgosa y, a todas luces, imprudente.
Como ejemplo, se puede citar lo que ocurrió recientemente con una partida de fentanilo de uso médico contaminado, que no fue detectado a tiempo porque el ANMAT dejó la tarea a cargo del laboratorio responsable, y causó la muerte de nueve pacientes en el Hospital Italiano de La Plata.
Mientras se impulsa una agenda de libertades económicas, el rol del Estado como garante de la salud pública se debilita peligrosamente. Y en ese vacío, quienes terminan pagando las consecuencias son los ciudadanos.