En medio de la investigación judicial por las presuntas y profusas irregularidades, desde el Gobierno confirmaron que la Agencia Nacional de Discapacidad dejará de funcionar como organismo autónomo y que sus obligaciones las absorberá directamente el Ministerio de Salud.
El Gobierno nacional confirmó este martes la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), una decisión que se conoce en un contexto marcado por denuncias, audios filtrados y una causa judicial en pleno avance. Según se informó oficialmente, el organismo dejará de existir en su formato actual y todas sus funciones pasarán al Ministerio de Salud.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada. Allí explicó que la agencia desaparecerá “tal como la conocemos” y que el traspaso administrativo no implicará la eliminación de derechos ni el corte de beneficios. “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones”, remarcó el funcionario.
Desde el Ejecutivo justificaron la medida en presuntas irregularidades detectadas en el sistema de asignación de pensiones por discapacidad. En esa línea, la decisión llega después de un fuerte ajuste en el sector y del rechazo oficial a cumplir la ley de emergencia en discapacidad que había sido sancionada por el Congreso.
El funcionario planteó que la agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo “coordinar las políticas públicas en discapacidad”, pero aclaró que “fruto de la autonomía administrativa que gozaba” acumuló lo que definió como “toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.
“Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, consideró Adorni.
Las polémicas
Sin embargo, el cierre de la ANDIS ocurre en paralelo a un escándalo que golpeó de lleno al Gobierno tras la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, exabogado y hombre de confianza del presidente Javier Milei. Las grabaciones, reveladas por Data Clave junto a Carnaval Stream, hablan de presuntos pagos de coimas vinculados a la compra de medicamentos.
En esos intercambios también se mencionan a figuras cercanas al mandatario, como Eduardo “Lule” Menem y Karina Milei, lo que profundizó el impacto político del caso y aceleró las decisiones dentro de la Casa Rosada respecto del futuro del área.
Mientras tanto, la causa judicial avanza en Comodoro Py. En las últimas semanas se negó a declarar Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo e hija de Miguel Ángel Calvete, señalado como presunto jefe de una asociación ilícita denunciada en el expediente.
Durante un allanamiento realizado el 9 de octubre en su domicilio, la Justicia secuestró casi 700.000 dólares y 19.190.000 pesos, sin que hasta el momento se haya explicado el origen de ese dinero. En la investigación también aparecieron conversaciones entre Ornella y su padre, acusado de actuar como lobista entre droguerías y la ANDIS, en el marco de contrataciones con prestadores, donde ella le prometía que si todo salía bien le compraría “una Lambo, una granja, lo que quieras”.