La decisión del juez federal Pablo Quirós obliga al organismo a retrotraer la cobertura al 100% prevista en el Plan Vivir Mejor, anulada en diciembre de 2024.
El juez federal mendocino Pablo Quirós dispuso que el PAMI restituya el 100% de la cobertura de medicamentos esenciales para jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires, en el marco del Plan Vivir Mejor. La medida cautelar implica retrotraer la situación a diciembre de 2024, cuando se habían restringido los descuentos a quienes acreditaran ingresos por debajo de la línea de pobreza.
La resolución se dictó a partir de un amparo presentado por la Asociación Civil de Adultos Mayores y Jubilados Independientes de Bahía Blanca, patrocinada por la abogada Mónica Fernández Avello, y alcanza al conjunto de afiliados bonaerenses. La organización solicitó declarar inconstitucionales las resoluciones 2431/2024 y 2437/2024 del PAMI y restituir de manera urgente la cobertura del plan.
El magistrado señaló que los jubilados afiliados al PAMI “forman parte de uno de los segmentos más vulnerables de la sociedad” y que “en el contexto socioeconómico actual no puede desatenderse el pedido de que se garantice un derecho tan fundamental como el de la salud integral, con la urgencia que el caso impone”. Sostuvo que exigir a personas bajo tratamiento médico requisitos y documentación ya disponibles en el Estado “configura prima facie una exigencia desproporcionada” y puede derivar en la interrupción de tratamientos indispensables.
La Sala B de la Cámara Federal de Mendoza ya había confirmado en mayo una cautelar similar dictada por Quirós contra las mismas resoluciones para jubilados mendocinos, y enfatizó que los requisitos impuestos por el PAMI constituyen barreras injustificadas para adultos mayores. También sostuvo que la interrupción de medicamentos crónicos puede generar daños irreparables y que el organismo no demostró que el trámite alternativo sea ágil.
El juez remarcó, además, que la Ley Bases modificó la Ley de Procedimientos Administrativos reforzando el principio de “eficiencia burocrática”, que exime a los ciudadanos de aportar documentos que ya posee la administración, como pretende exigir el PAMI. Consideró “imperiosa y justificable” la adopción de medidas urgentes para garantizar el acceso a los tratamientos que necesitan jubilados y pensionados.