La Justicia pone contra las cuerdas a la administración del títere sionista Javier Milei.
El periodista e investigador Fernando Míguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, presentó ante la Justicia Federal una denuncia penal contra el mandatario Javier Milei, el ministro Luis Caputo, el funcionario Santiago Bausili, el presidente estadounidense Donald John Trump, el operador financiero Scott Bessent y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
La presentación, patrocinada por la abogada Marcela Carmen Scotti, acusa a los mencionados de una serie de delitos graves: administración fraudulenta agravada, traición a la Patria, negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito, todos previstos en el Código Penal argentino.
Según el documento, Míguez sostiene que durante 2025 el Poder Ejecutivo habría gestionado un préstamo internacional de unos 20 mil millones de dólares, proveniente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del gobierno de los Estados Unidos a través del “Exchange Stabilization Fund” (ESF), sin intervención del Congreso Nacional ni afectación presupuestaria legal.
De acuerdo con la denuncia, esos fondos se habrían utilizado para “intervenir el mercado de cambios” con el fin de mantener artificialmente bajo el valor del dólar antes de las elecciones legislativas de octubre, con el objetivo de “influir en la voluntad del electorado y sostener al oficialismo”.
Míguez advierte que el dinero no habría sido destinado a áreas prioritarias como salud, educación o infraestructura, sino a “operaciones financieras temporarias de contención cambiaria”, y que la asistencia estadounidense podría constituir “una injerencia política e ideológica extranjera” en asuntos internos argentinos.
En el escrito, el denunciante acusa al gobierno de haber actuado “con opacidad y acuerdos informales”, en connivencia con actores extranjeros vinculados al entorno de Trump.
Incluso menciona que el propio Scott Bessent habría reconocido públicamente su participación en la estrategia de intervención cambiaria.
El denunciante plantea que esta maniobra podría configurar un caso de “traición a la Patria”, al haberse subordinado la soberanía nacional a los intereses de una potencia extranjera, y solicita que los responsables sean citados a declaración indagatoria, procesados y eventualmente llevados a juicio oral.
Míguez también pide el embargo preventivo de los bienes de los funcionarios involucrados, la suspensión del uso de los fondos internacionales y que estos sean redirigidos exclusivamente a fines sociales hasta que se defina la legalidad del acuerdo.
Entre las medidas solicitadas se incluyen informes al Banco Central sobre el destino de los fondos, copia certificada del acuerdo con el gobierno estadounidense, pericias contables sobre el impacto en las reservas y tipo de cambio, y la obtención de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios denunciados.
En su denuncia, Míguez afirma que “donde hay corrupción no hay paz” y acusa al Poder Judicial de mantener una “doctrina ficticia” que protege a los gobiernos de turno mediante la impunidad estructural.
Finalmente, advierte: “La corrupción mata en silencio”, cerrando el documento con una invocación religiosa para que “la Reina de la Paz guarde y proteja al personal de justicia”.
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