El dueño de HLB Pharma y Ramallo S.A. está en el centro de una trama siniestra que mezcla drogas adulteradas, muertes, contrabando y violencia.
Este jueves comenzaron las indagatorias en la causa que conmueve al país por las muertes ocasionadas tras el consumo de opioides adulterados. El juez federal Ernesto Kreplak escuchó a los detenidos, entre ellos directivos, técnicos y accionistas de los laboratorios señalados. En ese marco, Nilda Furfaro -madre del empresario y vicepresidenta de HLB Pharma- logró el beneficio de la prisión domiciliaria luego de que su defensa solicitara la excarcelación.
Una medida similar alcanzó a uno de los técnicos arrestados en las últimas horas. Ariel García Furfaro, en tanto, se prepara para declarar este viernes en los Tribunales de La Plata, luego de entregarse voluntariamente en la alcaidía de Ezeiza. La acusación que pesa sobre él y el resto de los implicados se sustenta en el Artículo 201 bis del Código Penal Argentino, que contempla penas de entre 10 y 25 años de prisión por la adulteración de sustancias medicinales que deriven en muertes.
El perfil del empresario agrega un componente aún más turbio a la causa. No se trata de un “hombre de negocios” sin antecedentes: en 2002 fue condenado a siete años de prisión por homicidio simple en grado de tentativa luego de prender fuego a un empleado de su restaurante, Rafel Lupa Cayo, a quien roció con alcohol antes de atacarlo. Tras cumplir su condena, García Furfaro se recibió de abogado en prisión y, al recuperar la libertad, dio un giro hacia la industria farmacéutica.
Hoy concentra un emporio de laboratorios y droguerías que incluye HLB Pharma Group, Ramallo S.A., Apolo, Alpharma S.A. y Droguería ABC 1 S.A.. Sin embargo, lejos de un modelo de “redención empresarial”, acumula nuevas causas judiciales: además del expediente por fentanilo adulterado, está procesado por contrabando agravado, tras haber declarado en la Aduana una maquinaria china para medicamentos a un valor de cinco millones de dólares cuando en realidad costaba apenas 500 mil.
En la antesala de su declaración, su abogado, Gastón Marano, calificó la indagatoria como “sagrada”, adelantó que será una declaración “larga” y adelantó que el acusado intentará explicar “su carrera de vida y cómo llegó a la industria farmacéutica”. Marano buscó despegarlo de las responsabilidades técnicas: “Él era únicamente el dueño de los laboratorios, no personal técnico. Los fallos acreditados requieren un nivel de sofisticación que Ariel no tenía”.
Sobre la posibilidad de pedir la excarcelación, el letrado fue ambiguo. “No sé si voy a pedir la libertad. Desde que decidió entregarse, me dijo que ‘si sirve que yo esté preso para que baje la presión de esto, prefiero quedarme acá'”, reveló ante la prensa. Con vínculos políticos y un historial de violencia y estafas, ahora García Furfaro se enfrenta a la posibilidad de una condena que podría sepultar su carrera empresarial.
El caso del fentanilo contaminado no solo arrastra a un empresario reincidente, sino que pone en foco en los nulos controles estatales, la responsabilidad de la ANMAT, del ministro de Seguridad, Mario Lugones, y las complicidades que permitieron que un laboratorio con semejantes antecedentes siguiera operando. La Justicia avanza, pero el escándalo deja en evidencia un drama mayor: la línea entre negocio y crimen parece haberse borrado hace tiempo.