Según el magistrado y el fiscal a cargo de la investigación, los audios de Diego Spagnuolo no reflejan un hecho aislado, sino que demuestran que existe un “modus operandi” de corrupción en la gestión de Javier Milei.
El Gobierno de Javier “Jamoncito” Milei no la está pasando bien en la arena judicial, y mientras por un lado en Estados Unidos y en el Congreso avanzan las investigaciones sobre la estafa de $LIBRA, en los tribunales locales, el caso de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se está convirtiendo en una verdadera bomba de tiempo.
Aunque el prescindente intenta mantener un silencio sepulcral y negar todas las acusaciones, lo cierto es que la Justicia avanza a paso redoblado en la investigación, y para peor, considera que el caso no se trata de un hecho aislado, sino que es la prueba fehaciente de que el Gobierno liber-otario funciona con un verdadero “modus operandi” de corrupción y choreo estructural con vínculos directos con la tortera Karina Milei y el clan Menem.
Para el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, quienes avanzan con inusual celeridad en la causa, los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS, son solamente la punta del iceberg: por debajo, se esconde un entramado mucho mayor de negociados y crímenes de guante blanco, cometidos en complicidad con las políticas de “desregulación” del Gobierno.
La investigación busca desentrañar un mecanismo de recaudación ilegal que, según las sospechas, tributaba a los Menem y tenía a Karina Milei como beneficiaria última, bajo la pasividad —cuando no complicidad— del propio “Jamoncito”. El mismo Milei pareció dar un guiño involuntario a esa hipótesis el lunes, al declarar en un acto en Junín: “Están molestos porque les estamos afanando los choreos”.
Hecha la trampa, hecha la ley
Este lunes, Picardi pidió a Casanello el bloqueo de las cajas de seguridad de Diego Spagnuolo —ex titular de la ANDIS—, de su segundo Daniel Garbellini, y de los dueños de la droguería Suizo Argentina: Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker. También se realizaron allanamientos para secuestrar teléfonos y computadoras.
Aunque aún no se dictaron detenciones, la estrategia apunta a consolidar pruebas antes de que sectores de Comodoro Py afines al oficialismo intenten arrebatar la causa.
Sin embargo, los operativos revelaron obstáculos. En Nordelta, la seguridad privada demoró el ingreso de los investigadores y permitió que Jonathan Kovalivker tuviera tiempo de vaciar sus cajas de seguridad y fugar pruebas.
Esa maniobra podría derivar en el procesamiento del jefe de seguridad del country, Ariel De Vincentis, acusado de entorpecer la investigación.
La punta del iceberg
Uno de los elementos más comprometedores es el salto exponencial de los contratos estatales con la droguería Suizo Argentina. Sus ventas pasaron de 3.900 millones en 2024 a más de 108.000 millones en lo que va de 2025, un crecimiento que desnuda el peso de la empresa en el esquema denunciado.
El propio Garbellini accedió a entregar las claves de su celular, mientras que Jonathan Kovalivker se negó. Los peritos judiciales ya confirmaron que podrán acceder de todos modos a la información, lo que podría arrojar pruebas sobre el entramado de coimas.
Casanello y Picardi avanzan con un “puño de hierro”, según describen fuentes judiciales, conscientes de que el Gobierno intentará desacreditarlos como “kukas”. Pero ambos magistrados acumulan antecedentes de investigaciones contra el kirchnerismo, el macrismo y empresarios de distintos signos, lo que refuerza su perfil de independencia.
El expediente ya comienza a trazar una línea que va más allá de la ANDIS y conecta con el corazón de la estructura de poder libertaria. El escándalo, lejos de apagarse con la renuncia de Spagnuolo, ahora amenaza con convertirse en el mayor caso de corrupción de la breve gestión de Javier Milei.