El testaferro Lázaro Báez y la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, ambos presos por corruptos.
Mientras cumple condena por lavado de dinero y fraude al Estado, Lázaro Báez montó un lucrativo negocio inmobiliario que ahora investiga la Dirección General Impositiva por presunta evasión fiscal millonaria.
Entre 2020 y 2025, el empresario kirchnerista facturó más de 240 millones de pesos por alquileres de sus propiedades, sin presentar declaraciones por Ganancias ni Bienes Personales.
La maniobra involucra más de 50 contratos sobre 20 propiedades, principalmente en Río Gallegos, y constituye apenas una muestra de la trama completa que aún se está cuantificando.
Lo escandaloso del caso es que Báez, el empresario que amasó su fortuna durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, administró este emporio desde la cárcel, aprovechando que sus propiedades están inhibidas solo para la venta, pero no para su explotación comercial.
Los alquileres se cobraron en efectivo y dólares, evitando así el embargo judicial sobre sus cuentas bancarias.
La red familiar incluye a sus hijos Martín y Leandro, su novia Claudia Insaurralde, y ex empleados de Austral Construcciones.
Las inmobiliarias Patagonia Propiedades y Master Gestoría actuarían como nexo para la “distracción de fondos” y su distribución entre testaferros.
Entre los inquilinos figura Claudio Ángel Kirchner, sobrino lejano del ex presidente, hoy director de Infraestructura en el gobierno santacruceño de Claudio Vidal.
También una locataria vinculada a Germán Nivello, ex funcionario de José López en Obras Públicas, procesado en la causa de los Cuadernos.
El escándalo destapó complicidades en la DGI de Río Gallegos, donde hubo desplazamientos de jefaturas por negligencia.
La maniobra prosperó sin control durante años, bajo la gestión de funcionarias designadas por Virginia García, excuñada de Máximo Kirchner.
Una vez más, la corrupción kirchnerista demuestra su capacidad de reinventarse, incluso tras las rejas.