En lo que va de 2025, policías, gendarmes y penitenciarios asesinaron a 13 mujeres con sus armas reglamentarias. La impunidad institucional potencia la violencia machista.
En los primeros siete meses de 2025, 13 femicidios fueron cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad: policías, gendarmes, prefectos o agentes penitenciarios que utilizaron sus armas reglamentarias para matar. El dato no es sólo estadístico: revela una matriz de violencia que se ejerce desde el poder, amparada muchas veces por estructuras institucionales que no previenen, no sancionan y, en algunos casos, encubren.
El caso más reciente tuvo lugar en San Carlos de Bariloche, donde el agente Emerson Marín asesinó de un disparo en el cuello a su novia, Stefanía Civardi. La comunidad se movilizó de inmediato exigiendo justicia, y aunque el policía fue imputado por homicidio triplemente calificado (por el vínculo, violencia de género y uso de arma de fuego), la indignación crece al conocerse que ya tenía antecedentes por violencia hacia otra pareja, por los que accedió a una probation en 2023. Sin embargo, nunca fue apartado de la fuerza ni se le retiró el arma reglamentaria. Hoy está detenido en San Antonio Oeste a la espera de cupo en el servicio penitenciario.
Días antes, en Santa Fe, el suboficial César Muga (en actividad en la ciudad de Recreo) baleó a su esposa e hija adolescente tras un ataque de furia. Luego se atrincheró en su casa del barrio Nueva Esperanza. La mujer permanece internada en estado crítico tras ser operada de urgencia por las heridas provocadas por cuatro disparos. Su hija, que también resultó herida, logró sobrevivir y declaró que su padre llegó de trabajar armado, fuera de sí, y disparó con intención de matar a ambas.
Estos casos forman parte del relevamiento de la agrupación Ahora Que Sí Nos Ven, que documentó 150 femicidios en los primeros siete meses del año, además de 227 intentos de femicidio. De esos 150 crímenes, 13 fueron perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad, lo que representa casi un 9%. También se destacó que el 15% de las víctimas había realizado una denuncia previa, sin que eso significara protección efectiva.
Las consecuencias son devastadoras: 130 niños, niñas y adolescentes perdieron a sus madres en lo que va de 2025. Cada uno de esos femicidios tiene un rostro, una historia, una omisión estatal que lo permitió.
El informe también detalla el comportamiento de los agresores: 33 se fugaron, 21 intentaron ocultar el crimen, 19 confesaron, 16 se suicidaron, tres más intentaron quitarse la vida y ocho buscaron ayuda para encubrir el hecho. En 44 casos, aún no se conocen detalles sobre el accionar del asesino.
Julio cerró con 22 nuevos femicidios. En Argentina, una mujer es asesinada cada 34 horas. La violencia machista no da tregua, pero cuando el agresor lleva uniforme y un arma reglamentaria, el peligro se duplica. No sólo por la letalidad, sino porque cuenta con una cuota de poder institucional que muchas veces garantiza impunidad.