Después de confirmar la condena a Cristina Fernández de Kirchner, el máximo tribunal volvió a sacudir el escenario político al dar curso a la investigación que involucra a la empresa de Mauricio Macri, Socma
La Corte Suprema está “on fire”, y lejos de buscar un perfil bajo tras haber protagonizado la que sin dudas será la jugada del siglo y ratificar la condena de Cristina Fernández de Kirchner por corrupta en la causa vialidad, ahora pateó el tablero político para el otro lado, en una resolución que le trae problemas al entorno de Mauricio Macri.
Y es que, si bien “El Calabrés” tiene coronita en “Comodoro PRO”, su expediente judicial no está limpio ni por asomo. Por si acaso, el prontuario del “Gato” es más largo, antiguo y frondoso que el de la mismísima CFK. En esta ocasión, la investigación por las maniobras defraudatorias con el Correo Argentino en perjuicio del Estado, volvieron a tomar el protagonismo luego de que la Corte Suprema tomara una decisión en la causa que pone en aprietos a Socma, la empresa de Macri.
Se puede trazar un paralelo con la condena a la chorra, quien no aparece vinculada con nombre y apellido en las pruebas sobre el desfalco al Estado, pero le corresponde la responsabilidad por haber sido la presidente en ejercicio. El caso del Correo Argentino no involucra a Macri, pero sí a funcionarios de su Gobierno: el ex titular de Comunicaciones, Oscar Aguad; y el ex cabecilla de Asuntos Jurídicos de esa cartera Juan Manuel Mocoroa.
Si se le llega aplicar a Macri el mismo criterio que a “La Yegua” y se considera que por su rol de presidente es responsable por las macanas que se manden sus funcionarios subalternos, posiblemente el “Gato” no caiga parado.
Hasta ahora, aunque no hay pruebas, tampoco quedan dudas de que lo único que ha mantenido a Macri ileso y fuera de prisión son sus vínculos con jueces y fiscales, al punto de que dos de los actuales supremos, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, fueron nombrados a dedo y por decreto del mismísimo “Gato” durante su temporada en la Casa Rosada.
Sin embargo, esta vez parece que ni siquiera el aura mafiosa pudo tapar el “curreo” que se mandó con la empresa de servicio postal, y aunque no le impacta directamente, la bala judicial picó cerca: los afectados son Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, dos empresarios involucrados en la causa y profundamente enquistados en el corazón del Grupo Macri.
En concreto, estos dos presuntos chorros de guante blanco habían pedio a la Corte Suprema que apartara del proceso a los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, ambos integrantes de la Cámara Federal porteña, por “temor de parcialidad”.
En el caso de Boico, lo acusaron de imparcialidad por haber sido defensor de funcionarios kirchneristas en otras causas; de Farah, en cambio, desconfían porque denunció aprietes del macrismo para que fallara en contra de ciertos empresarios vinculados a casos de corrupción K.
Oportunamente, el tribunal correspondiente, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, del juez Javier Carbajo, había rechazado la recusación de Farah y Boico sin medias tintas: “La defensa no ha conseguido demostrar que, en las particulares circunstancias que rodean la incidencia, se encuentre objetivamente sustentado el temor de parcialidad denunciado”, alegaron.
Acostumbrados a salirse habitualmente con la suya, los títeres macristas insistieron con el pedido, llevándolo a la instancia superior.
Sin embargo, pese a que dos de los tres integrantes del máximo tribunal le debe su cargo a Macri, los jueces no solo le pegaron un portazo en las narices a Robirosa y Kleidermacher desestimando la recusación, sino que les impusieron el pago de un depósito: “Intímese a cada uno de los recurrentes a que, dentro del quinto día de notificados, efectúen el depósito que dispone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a la orden de esta Corte y bajo apercibimiento de ejecución”, sentenciaron.
El fallo contra Cristina, un precedente peligroso para Macri
Es sabido que aunque otros sectores como el mileísmo hayan festejado con igual o más ímpetu que los amarillos, la maniobra para condenar a la chorra Cristina Fernández de Kirchner lleva el sello propio de Mauricio Macri y sus aliados. Pero lo cierto es que el criterio judicial aplicado podría poner en apuros al propio “Calabrés”.
La sabiduría popular indica que no hay que escupir para arriba, y esto es exactamente lo que parece haber hecho Macri.
Se puede trazar un paralelo con la condena a la chorra, quien no aparece vinculada con nombre y apellido en las pruebas sobre el desfalco al Estado, pero le corresponde la responsabilidad por haber sido la presidente en ejercicio. El caso del Correo Argentino no involucra a Macri, pero sí a funcionarios de su Gobierno: el ex titular de Comunicaciones, Oscar Aguad; y el ex cabecilla de Asuntos Jurídicos de esa cartera Juan Manuel Mocoroa.
Si se le llega aplicar a Macri el mismo criterio que a “La Yegua” y se considera que por su rol de presidente es responsable por las macanas que se manden sus funcionarios subalternos, posiblemente el “Gato” no caiga parado.