Una vez más, la organización ciudadana y la acción judicial lograron frenar un intento del Gobierno Nacional de desarticular políticas públicas clave.
El Juzgado Federal de Pehuajó, a cargo del juez Andrés Heim, dictó una medida cautelar que suspende parcialmente el Decreto 312/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que ordenaba la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y la transferencia de sus recursos al Tesoro Nacional.
La medida fue impulsada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el padre villero Lorenzo “Toto” de Vedia y una vecina de Pehuajó, mediante un amparo colectivo que busca proteger la continuidad de las obras y políticas de integración en los barrios populares registrados en el RENABAP.
El fallo judicial detiene de forma temporal la liquidación del FISU, cuestiona la falta de información por parte del Ejecutivo y exige que en un plazo de tres días el Estado Nacional detalle el saldo, bienes y fuentes de financiamiento del fondo. La Justicia considera que el gobierno incurrió en una actitud “evasiva y dilatoria”, señalando la falta de respuestas claras a los requerimientos judiciales, pese a las prórrogas otorgadas.
En un hecho inédito, el juez también multó al subsecretario de Integración Socio-Urbana, Sebastián Pareja, con $200.000 diarios por cada día de demora en el cumplimiento de lo ordenado en noviembre de 2024, cuando ya se había dictado una cautelar anterior en defensa de la continuidad del programa de urbanización.
El gobierno de Milei había justificado la eliminación del fideicomiso con acusaciones de supuesta corrupción durante la gestión de Fernanda Miño, figura cercana al dirigente social Juan Grabois. Sin embargo, la Justicia no solo encontró fundamentos para sostener la validez de la política pública, sino que también subrayó la urgencia de evitar un daño mayor por la interrupción de las obras.
Este fallo representa un revés importante para el oficialismo libertario y una victoria para quienes sostienen que el derecho a la vivienda digna y la urbanización de los barrios más postergados no puede depender de decisiones discrecionales ni ser blanco de ajustes ideológicos.