La justicia debe definir si avanza la investigación sobre el titular de la empresa Secutrans.
El fiscal Álvaro Garganta avanza con la causa conocida como “borra multas”, que investiga un posible circuito paralelo dentro del Ministerio de Transporte bonaerense durante la gestión de Jorge D’Onofrio, que habría servido para beneficiar a infractores con descuentos irregulares del 50% y la eliminación de actas de manera selectiva.
En ese marco, se citó a declarar como testigos a nueve trabajadores de planta del ministerio. Las audiencias, que comenzarán el 2 de julio, buscan reconstruir el funcionamiento interno del área y determinar responsabilidades.
Los citados son Jonathan Parra, Sabrina Pasquini, Miriam Leonforte, Amadeo Andrés López Briccola, María Eugenia Blanco, Nicolás Alejandro Pardi, Joaquín Pretti, Juan Pablo Ferraris y Micaela Agustina Galván Masiuk.
Entre los puntos clave de la investigación se encuentra el rol del empresario Leandro Camani (Secutrans S.A.), quien hasta ahora se presenta como denunciante, pero cuyas empresas están bajo en la lupa judicial federal, a diferencia de la provincial que la tiene como amicus curiae.
Si bien hubo un pedido para apartarlo como querellante e incluirlo como imputado, el fiscal Garganta se desentendió del planteo y ahora debe resolver el juez de Garantías Juan Pablo Masi, quien definirá si Camani puede seguir como damnificado con apoyo del fiscal o si debe ser investigado formalmente como en la justicia federal. Otro de los testigos en la causa de Garganta, Matías Trejo, también acaba de ser elevado a juicio oral en otra causa que le iniciaron sus ex empleadores en la Justicia de CABA.
Causa paralela en la Justicia Federal
En paralelo, el juez federal Juan Manuel Culotta de Tres de Febrero encabeza otra investigación, centrada en convenios entre municipios y universidades, como la UNSAM, para gestionar fotomultas a través de fundaciones privadas y empresas del sector con evasiones impositivas y oficios a otros juzgados federales como el de San Isidro a cargo de la Dra Arroyo Salgado. En esa causa se investigan desvíos millonarios de fondos, y ya se allanaron las sedes de empresas como Tránsito Seguro S.A., Secutrans S.A., 11 Municipios, a la empresa CECAITRA, la UTN, la propia UNSAM y la Fundacion de la Universidad de San Martín.
Según trascendió, el fiscal Garganta, tras interrogar a D’Onofrio resolvió estos nuevos allanamientos y ahora también evalúa convocar a otros funcionarios del área en Seguridad Vial, con continuidad en el esquema actual, aunque algunos de ellos con cargo de Director Provincial estarían actualmente en Miami, sufriendo el Mundial de Clubes.